Cooperaciones de la RFA con la dictadura chilena y con Pinochet

(Berlin, 10.10.2023, nd/interferencia/npla.) La vía democrática al socialismo de Salvador Allende y el proyecto de alianza de izquierdas de la Unidad Popular tuvieron trascendencia mucho más allá de Chile. El golpe de estado de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura cívico-militar que siguió hasta 1990 fueron el resultado de los conflictos del bloque en el contexto de la Guerra Fría. El involucramiento de Estados Unidos, la intervención de la CIA y de la empresa de telecomunicaciones ITT están bien documentadas. Los intereses de la República Federal de Alemania son menos conocidos; intentamos dar un panorama general.

Ya el 12 de julio de 1973, el „Comité de Solidaridad con Chile“ de Berlín escribió sobre la preparación de un golpe de Estado en Chile. El fracasado intento de golpe de Estado del 29 de junio en la capital chilena, Santiago, había demostrado que amplios sectores de la derecha ya no descartaban ningún método para „eliminar“ al gobierno de la alianza de izquierdas de la Unidad Popular, que „amenazaba cada vez más seriamente sus intereses“. Así decía el segundo número de „Chile-Nachrichten“, que surgió en el 1973 en el reciente movimiento de solidaridad con Chile de Alemania Occidental, y que ahora celebra su 50 aniversario como „Lateinamerika-Nachrichten“. „Mientras tanto, aumentan las noticias sobre unidades paramilitares y depósitos de armas de los fascistas en el sur de Chile -entre otros en la colonia alemana ‚Dignidad‘-„, según el boletín del Comité de Solidaridad con Chile.

De hecho, el derrocamiento de Allende en parte también se (co)preparó en el asentamiento sectario alemán Colonia Dignidad, que desempeñó un papel clave en las relaciones entre la República Federal Alemana y Chile. Grupos paramilitares de extrema derecha como Patria y Libertad se reunieron con sus seguidores en este asentamiento alemán a 400 kilómetros al sur de Santiago para participar en entrenamientos de combate callejero y en ejercicios con explosivos, organizados por la cúpula de la colonia. „Practicaron el uso de armas, entrenaron atentados y bloqueos de carreteras y se prepararon para el Tanquetazo, el intento de golpe de Estado de los militares y Patria y Libertad que fracasó el 29 de junio de 1973“, describe Luis Henríquez Seguel, ex subdirector de la policía criminal chilena PDI. Durante el periodo de la Unidad Popular, los atentados contra puentes y otros actos de sabotaje formaban parte de la estrategia de la derecha para paralizar el país, sumirlo en el caos e inquietar a la población.

Cuando Augusto Pinochet hizo bombardear efectivamente el sede de gobierno, el palacio de „La Moneda“, el 11 de septiembre de 1973, todo se precipitó. Miles de izquierdistas e intelectuales, sindicalistas y campesinos fueron detenidos, torturados y a menudo asesinados.

Los dos Estados alemanes reaccionaron de forma diferente al golpe. En la RFA, el partido socialdemócrata, SPD, dividido en su opinión sobre Allende, expresó inicialmente su consternación. Por el contrario, los demócrata cristianos y los socialcristianos de la CDU/CSU se contuvieron en sus condenas y banalizaron las violaciones de los derechos humanos.

Sólo once días después del golpe, el periódico del CSU Bayernkurier citó al líder del partido Unión Social Cristiana y el futuro primer ministro bávaro Franz Josef Strauß: „En vista del caos que ha reinado en Chile, el término ‚orden‘ de repente vuelve a tener un sonido dulce para los chilenos“. Al igual que Strauß, muchos políticos de la CDU/CSU adoptaron la narrativa de los golpistas de que con el golpe de Estado habían evitado una dictadura comunista. Tras una visita a Chile en octubre de 1973, el presidente de la Comisión de Asuntos Humanitarios del Bundestag, Bruno Heck (CDU), describió la vida de los presos políticos en el Estadio Nacional de Santiago como „con tiempo soleado bastante agradable“. Cerca de 40.000 personas estuvieron detenidas en el Estadio Nacional, muchas de ellas torturadas y asesinadas.

El FDP, el partido liberal, inicialmente condenó el golpe, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Scheel, del FDP, no tardó en reanudar las relaciones diplomáticas, anteriormente congeladas.

La RDA, que poco antes había sido reconocida como Estado por Chile, reaccionó de manera más contundente. Rompió las relaciones diplomáticas y convirtió su embajada en Santiago en una misión comercial bajo la protección de la embajada finlandesa, donde, sin embargo, un „grupo restante“ apoyaba a los opositores perseguidos. Durante un breve periodo, se reunieron allí un centenar de chilenos/as perseguidos/as. En total, la RDA acogió a unos 2.000 exiliados chilenos.

En un principio, la Embajada de la República Federal de Alemania en Santiago y el Ministerio de Relaciones Exteriores se mostraron muy vacilantes a la hora de prestar ayuda a las personas que solicitaban protección y los sometieron a un control de seguridad por parte del servicios de inteligencia externos (Bundesnachrichtendienst, BND) e interno (Verfassungsschutz). No se permitió el ingreso al país a quienes fueron calificados como una posible amenaza para la RFA. „No nos vamos a meter aquí a un puñado de tupamaros“, así justificó el entonces ministro federal del Interior, Genscher, el procedimiento de selección.

Hasta que Gladys Díaz, periodista brutalmente torturada y dirigente del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fuera admitida en la RFA, pasó más de un año, en el que un comité de mujeres de Berlín Occidental, que hacía campaña por la libertad de los presos políticos en Chile, presionó escribiendo muchas cartas oficiales. El golpe de Estado en Chile fue conveniente al menos para algunas empresas alemanas: mientra que Allende había defendido la nacionalización de las empresas extranjeras en Chile, la junta abrió el mercado a las empresas internacionales. Por ejemplo, la empresa química alemana Farbwerke Hoechst AG anunció: „El gobierno de Allende ha encontrado el final que se merecía… Chile será un mercado cada vez más interesante para los productos de Hoechst en el futuro“.

De hecho, la balanza comercial de la RFA con Chile tuvó un considerable auge tras el golpe: las exportaciones a Chile, principalmente de maquinaria, vehículos y productos electrónicos, aumentaron más de un 40%, y las importaciones procedentes de Chile, principalmente de cobre, otras materias primas y productos agrícolas, alrededor de un 65%. Ya en 1974, una delegación comercial chilena visitó la RFA. Incluso años después del golpe, la República Federal de Alemania mantuvo buenas relaciones con la junta y apoyó la intensificación de las relaciones económicas. Pronto la RFA se convirtió en el segundo socio comercial de Chile. Sobre todo, la RFA no hizo uso de sus posibilidades de influencia, no se opuso a la ampliación de los préstamos internacionales ni a los procedimientos de reprogramación de la deuda. De este modo, la junta pudo estabilizarse y continuar su curso de reestructuración neoliberal de la economía y la sociedad.

En materia de finanzas y política económica, la CDU y la CSU, en particular, mostraron estrechos vínculos con la junta. El político de la CDU Heinrich Gewandt ya había apoyado a los democristianos en Chile antes de la época de Allende en el gobierno. A partir de 1973 Gewandt fue visto como un enlace entre la CDU/CSU, los empresarios de Alemania Occidental y la junta militar. Según un reportaje publicado en el diario Nürnberger Nachrichten, junto con otros diputados alemanes, ocho cónsules chilenos, oficiales del ejército federal y empresarios, Gewandt recaudó fondos por el valor de 40.000 marcos, que -como donación de la asociación sin fines de lucro „Deutsch-Chilenischer Freundeskreis“- se entregaron directamente a la junta en Chile.

Un papel destacado jugó el presidente de la CSU y primer ministro bávaro Franz Josef Strauß, que abogó por las buenas relaciones con la junta militar chilena hasta el final de su vida. Strauß viajó a Chile en 1977 con motivo del 125 aniversario de la inmigración alemana y se reunió con Pinochet. Siguieron entregas de camiones alemanes al ejército chileno.

Según las investigaciones de la periodista de investigación chilena Mónica Gónzalez, en 1978 personas cercanas a Strauß negociaron con Pinochet y el jefe de la Fuerza Aérea Matthei la entrega de helicópteros BO-105 de la Messerschmidt-Bölkow-Blohm (MBB) a la Fuerza Aérea chilena, que se conoció bajo el nombre „Kormoran“. MBB debía mantener un perfil bajo en la medida de lo posible; el acuerdo se enmarcaba en un proyecto de cooperación política y formación de entrenadores. Demoró diez años hasta que Strauß confirmara oficialmente el acuerdo.

Políticamente significativas fueron también las estrechas conexiones con dos profesores de Würzburg del entorno de la CSU y partidarios alemanes de Colonia Dignidad: el sociólogo Lothar Bossle mantuvo contacto directo con Pinochet. El abogado Dieter Blumenwitz participó en la redacción de la Constitución chilena de 1980, en la que la dictadura instauró el modelo económico y social neoliberal.

Colonia Dignidad, con la que Franz Josef Strauß, sus compañeros de partido de la CSU y sobre todo la embajada alemana en Santiago mantenían estrechos vínculos, tuvo una importancia estratégica para la dictadura. Formaba parte del aparato represivo chileno. Miembros del asentamiento alemán instalaron tecnología de radio en los centros de detención de la DINA. La cúpula del asentamiento alemán creó un archivo secreto con unas 45.000 fichas, que fue confiscado en 2005 y contiene información sobre interrogatorios a prisioneros.

El servicio secreto Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) instaló un campo de detención en los terrenos del asentamiento tras el golpe. Numerosos opositores fueron torturados allí, y probablemente unos cien fueron asesinados. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas, desenterrados de nuevo años más tarde y quemados, según testimonios de los residentes del asentamiento. A día de hoy, aún no está esclarecido su destino.

A partir de 1976, la ONU y Amnistía Internacional publicaron testimonios de chilenos que habían sobrevivido a las torturas en Colonia Dignidad y habían logrado escapar al extranjero.

En 1976, el entonces embajador alemán Erich Strätling visitó el asentamiento. En 1978, una delegación de unos 35 miembros de la CSU o de la Fundación Hanns Seidel, cercano al partido liberal – visitó el asentamiento. Dieter Huber, responsable de relaciones exteriores de Strauß, declaró después que habían sido recibidos amistosamente y que habían podido verlo todo „sin obstáculos de ningún tipo“. „En ningún lugar encontramos las cámaras de tortura de las que tanto se habló“.

Colonia Dignidad disponía de fusiles y otras armas que podía importar directamente de Alemania -a veces en botellas de oxígeno o en contenedores precintados- gracias a su reconocimiento oficial como institución sin fines de lucro, eludiendo todos los controles. „Estas armas se reproducían en Colonia Dignidad“, explica Jan Stehle, del Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina, que investiga sobre Colonia Dignidad.

Un papel decisivo desempeñó el traficante de armas alemán e informante del Servicio Federal de Inteligencia (BND) Gerhard Mertins (nombre en clave „Urano“). El antiguo oficial de las SS, que mantuvo contactos con grupos neonazis después de 1945, comerciaba con armas desechadas del Bundeswehr a través de su empresa „Merex AG“ y también suministraba material armamentístico a zonas de tensión con el conocimiento del BND. Jan Stehle lo describe en su libro „Der Fall Colonia Dignidad„. „Según declaraciones de Gerhard Mertins, el BND le encargó ya en 1972 que se pusiera en contacto con Colonia Dignidad y obtuviera información sobre el asentamiento“, afirma Stehle. El origen de Mertins, que visitó la colonia alemana varias veces hasta 1989, fue la adquisición de armas para el asentamiento y también se dice que vendió armas al ejército chileno a través de su mediación. Walther Rauff, SS-Standartenführer y „organizador del furgón de gas“, que vivió en Chile desde 1958 hasta su muerte en 1984 y trabajó durante un tiempo para el BND, también visitó Colonia Dignidad en varias ocasiones.

A pesar de años de investigaciones penales, la justicia alemana no ha presentado cargos por ninguno de los delitos cometidos en Colonia Dignidad; existe una impunidad de facto en este país. Dado que Alemania no extradita a ciudadanos alemanes a Chile, los miembros de la cúpula del asentamiento encuentran un refugio seguro en Alemania. Por ejemplo, el ex director del hospital Hartmut Hopp, que tenía buenas conexiones con el servicio secreto DINA, vive sin ser molestado en Krefeld desde 2011.

„Con el fin de una investigación exhaustiva y de evaluar hasta qué punto la RFA estaba realmente involucrada en la dictadura chilena“, exige Stehle, „todos los documentos clasificados de los servicios secretos, especialmente del BND, y los detalles de Crypto-Leaks deben ser revelados y evaluados.“ Como se supo en 2020 gracias a una investigación de Frontal21, un programa de televisión pública en Alemania, y el diario Washington Post, la empresa suiza de cifrado Crypto AG llevaba décadas vendiendo tecnología para encriptar mensajes secretos a gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, el BND y la CIA habían comprado en secreto la empresa y preparado la tecnología para poder leer las comunicaciones cifradas. Probablemente ya estaban al tanto, de estos planes antes del golpe chileno, sin tomar medidas contra aquello ni avisar a Allende. A la vista del escándalo Crypto-Leaks, quizá sea necesario replantearse la historia, dice Stehle. „Es importante aclarar lo que el BND presumiblemente también pudo leer en tiempo real sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por ejemplo, en el marco del Plan Cóndor [cooperación transnacional entre los aparatos represivos de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil], sobre lo que los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas se comunicaban entre sí.

 

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