(19. Dezember 2023, interferencia /LN/poonal). Pudo haber sido el primer proceso penal contra un criminal de una dictadura latinoamericana ante la justicia alemana. En noviembre de 2023, la Fiscalía General de la capital alemana, Berlín, presentó cargos contra el ex oficial de la marina argentina Luís Esteban Kyburg (75 años). Se le acusa de ser „responsable del secuestro, tortura y posterior asesinato de 23 jóvenes entre agosto de 1976 y enero de 1977 en el marco de la denominada ‚lucha contrasubversiva'“. Sin embargo, no habrá juicio, ya que Kyburg en el entretanto ha fallecido.
„En Argentina ya habría sido condenado“, afirma Anahí Marocchi. Su hermano, Omar Marocchi, fue secuestrado en 1976 a la edad de 19 años junto con su pareja embarazada Haydee Susana Valor en Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de la capital, Buenos Aires. Ambos fueron llevados a la Base Naval de Mar del Plata, donde se había instalado un campo de detención y tortura. Desde entonces permanecen desaparecidos. El destino de ellos y de su hijo, que en ese entonces aún no había nacido, todavía no se ha esclarecido, como es la situación de muchos y muchas de los hasta 30.000 desaparecidos durante la dictadura en Argentina (1976 a 1983).
Kyburg era el segundo jefe de una unidad de „buzos tácticos“ en la Base Naval de Mar del Plata. Según la Fiscalía de Berlín, Kyburg personalmente tuvo conocimiento de torturas y abusos y „como miembro de un comité, decidió cuáles de las víctimas no debían ser liberadas excepcionalmente, sino debían ser asesinadas“. Según el acta de acusación, la mayoría de estas víctimas fueron „asesinadas sin sospecharlo en los llamados vuelos de la muerte bajo el pretexto de una ‚reubicación'“.
Alemania como refugio seguro para perpetradores
Otros oficiales de alto rango destinados en esta base naval fueron condenados en Argentina por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas. Kyburg, que – debido a su descendencia – tenía la nacionalidad alemana además de la argentina, huyó a Alemania en 2013. Así, evadió la justicia argentina y vivió en Berlín impunemente desde 2013. Alemania rechazó una solicitud de extradición, ya que no extradita a sus propios ciudadanos a países fuera de la Unión Europea. En los últimos años Alemania se ha convertido en un refugio seguro para personas con nacionalidad alemana o doble nacionalidad que se investigan o incluso se buscan con orden de aprehensión internacional por su participación por ejemplo en crímenes cometidos por dictaduras o también por la Colonia Dignidad en Chile.
El caso de Hartmut Hopp, del ex director del hospital de ese asentamiento alemán, ubicado a 40 kilómetros de Parral, es uno de los casos más emblemáticos. Hopp fue condenado en 2013 por la Corte Suprema de Chile a cinco años y un día de prisión por complicidad en el delito de abuso sexual y violación de menores de edad. En 2011 Hopp eludió esta condena huyéndose a Alemania. Desde ese entonces vive impunemente en la ciudad de Krefeld. Como es ciudadano alemán, Alemania no lo extradita a Chile. En 2018 se rechazó una solicitud chilena para que cumpliera su pena en una cárcel en Alemania. Por último en 2019, la justicia alemana además archivó sus propias investigaciones criminalísticas contra Hopp y contra otros jerarcas de Colonia Dignidad. En Alemania, los crímenes cometidos en Colonia Dignidad quedaron impunes y en ninguno de los casos se inició un juicio.
Investigaciones de la justicia alemana
Pero en el caso de Kyburg hubo esperanza de que se pudiera hacer justicia. En 2019, Anahí Marocchi junto con el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) interpusieron denuncia contra él en Berlín. „Llevamos años trabajando para que la Fiscalía de Berlín no sólo investigue exhaustivamente, lo que ella ha hecho, sino que también presente una acusación, algo que también ha ocurrido“, afirma Wolfgang Kaleck, secretario general del ECCHR. En cooperación con la justicia argentina, la Fiscalía de Berlín interrogó a testigos en Argentina y Europa. Analizó también archivos militares, planes operativos y sentencias anteriores facilitados por Argentina en el marco de la asistencia judicial internacional. Se incautaron documentos y discos duros con datos durante un allanamiento del departamento de Kyburg en el barrio berlinés de Prenzlauer Berg el 31 de enero de 2023.
El acta de acusación, de 224 páginas, se completó el 30 de octubre de 2023 y ya se había enviado al Tribunal Penal de Berlín, según confirma Kaleck. Sin embargo, como a mediados de noviembre se supo que Kyburg ya había fallecido por causas naturales el 11 de octubre de 2023, se suspenderá el procedimiento, explica la Fiscalía General de Berlín.
„Como familiar de víctimas directas, tengo un sabor amargo por las implicancias del mensaje que da esta impunidad tanto a la sociedad alemana como a la argentina“, dice Anahí Marocchi, hermana de Omar Marocchi, desaparecido en la base naval de Mar del Plata. „También experimento una gran decepción con respecto a los plazos que maneja la justicia, plazos que llevan a impunidad de los delitos.“ – „No se pueden dejar impunes crímenes tan aberrantes“, critica también Rodrigo Díaz, sobrino del desaparecido Omar Marocchi. „Esto es una afrenta grave para toda la sociedad argentina y para el mundo entero“, concluye.
Impune, pero por lo menos acusado
Wolfgang Kaleck comparte la decepción por el hecho de que el proceso penal no vaya a continuar. Sin embargo, el abogado considera el acta de acusación „un éxito importante“ y el ECCHR quiere hacer comentarios jurídicos al documento, y publicarlo tras procesarlo de conformidad con la ley de protección de datos . „Para Argentina en particular, será importante evitar un posible retroceso bajo el nuevo gobierno“, dice Kaleck, porque „especialmente la vicepresidenta designada [Victoria Villarruel] aparece en público como una negacionista, es decir, niega y relativiza los crímenes de la dictadura militar“.
Aparte de la gran cantidad de desapariciones forzosas, la dictadura argentina se destaca por el crimen de robo de niños. Alrededor de 500 bebés, hijos e hijas de presas políticas fueron robados y, en su mayoría, entregados a militares. Los tribunales penales argentinos han condenado a casi 1.500 personas por crímenes cometidos durante la dictadura, siguiendo pautas internacionales.
„El poder judicial argentino en los últimos años ha adoptado una posición propia e independiente y debe ser apoyado en ello“, explica Kaleck. „Por lo tanto, como expertos internacionales también consideramos que es nuestro deber, señalar que el procesamiento judicial de los crímenes de la dictadura en Argentina representa el estándar de oro del derecho internacional y de las normas del derecho penal internacional“, subraya el abogado. Kaleck también sigue contando “con que en 2024 comenzará el juicio contra el ex director de planta de Mercedes Benz Argentina Juan Tasselkraut por la desaparición de sindicalistas, ante un tribunal de la provincia de Buenos Aires“, dice el abogado.
Niños robados
De igual manera Leonardo Fossati (46 años) espera que la justicia argentina siga investigando los casos pendientes. Sus padres también fueron hechos desaparecer en Argentina, en la Comisaría 5 de La Plata, donde él, Leonardo, nació. De bebé, lo hicieron pasar ilegalmente por hijo de otros padres. El supo recién quiénes eran sus padres cuando tenía más de veinte años, con la ayuda de las „Abuelas de la Plaza de Mayo“.
Su historia se presenta en la exposición „Niños robados“, creada por la Fundación Federal para el Esclarecimiento de la Dictadura del Partido Socialista Unitario (SED) de la República Democrática de Alemania (RDA) y la Fundación Elisabeth Käsemann. A partir de 2024 la exposición se podrá ver en varias ciudades alemanas y en Washington. Para la inauguración de la exposición, Fossati estuvo en Berlín, donde también se enteró de la muerte de Kyburg. „Para nosotros es un dolor muy grande ver que han llevado su vida como si no hubiesen cometido crimen alguno“, dice refiriéndose al caso de Kyburg y de otros y otras perpetradores de la dictadura.
Hoy, Fossati forma parte de la Comisión Directiva de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su objetivo es „generar conciencia para que la sociedad entera conozca cuáles fueron los crímenes, por qué se cometieron estos crímenes, cuáles fueron los intereses para instalar las dictaduras en Latinoamérica. Y a partir de ese conocimiento, sostener las políticas de memoria para que nunca más suceda“. Fossati estima que el gobierno de Javier Milei fue elegido principalmente por razones económicas. Y no pierde la esperanza: „Creo que el pueblo sigue pensando lo mismo acerca de estos crímenes en la dictadura y que nos va a seguir acompañando en búsqueda de más memoria, más verdad y más justicia“.
Este artículo salió en interferencia primero.
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Muere Kyburg al ser acusado. Impunidad biológica y un éxito a la vez von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
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