Por décadas los diferentes gobiernos de Costa Rica se han esmerado en promover una imagen que distinga a su país del resto de sus vecinos. Lo cual ha sido lo suficientemente efectiva para que, por ejemplo, en el imaginario popular europeo, Costa Rica sea uno de los pocos lugares “seguros” de América Latina. De hecho, muchos europeos eligen Costa Rica por su reputación de país chiquito, tranquilo, pintoresco y poblado por amables y sonrientes lugareños siempre dispuestos a hacerles pasar un buen rato. Muchos europeos adultos llegan como turistas o incluso como inversores. Mientras que muchos jóvenes llegan a realizar voluntariados en organizaciones religiosas o con convenios internacionales. Todos confiados que Costa Rica les ofrecerá el recreo latino necesario en un contexto de apacigüe calma y harmonía. No obstante, la falsa sensación de harmonía se desvanece al detenernos en los indicadores de calidad de vida que reflejan la vasta desigualdad entre costarricenses, acercando a este paradisíaco país a la misma realidad que caracteriza al resto de los países latinoamericanos.
Datos que emparentan Costa Rica con la realidad latinoamericana
Al repasar datos oficiales, constatados por la Organización de las Naciones Unidas, es evidente que las comunidades indígenas en Costa Rica son el grupo social más excluido y marginalizado. Según estas cifras, el 70% de los hogares indígenas presenta necesidades básicas insatisfechas en ámbitos como la salud, la educación y la vivienda, mientras que el porcentaje nacional apenas llega al 24%. El porcentaje de mujeres adolescentes indígenas que son madres supera el doble del total nacional (10,2% frente a 4,3%), así mismo el porcentaje de niñas indígenas en unión libre (12,7% frente a 4,3%). Sólo el 40% de los indígenas tiene acceso a agua potable, mientras el alcance nacional es del 90%. Solo el 67% de la población indígena tiene acceso a la electricidad, pero el 99% de toda la población sí lo tiene. Respecto a la educación, sólo el 13% de los indígenas se gradúa del colegio y el 41% de esta población presenta algún rezago escolar. Con una población estimada en 100.000 personas que se reconocen como indígenas, según el último Censo Nacional de Población realizado en 2010, existen en Costa Rica 8 pueblos o comunidades indígenas: los Huetar, los Maleku, los Bribri, los Cabécar, los Brunca, los Ngöbe, los Teribe y los Chorotega. A los cuales La Ley Nacional Indígena de 1977 les reconoció 3.344 km2 de tierra, lo que representa el 6,7% de la totalidad de la superficie costarricense.
El conflicto de los finqueros
Pese al sancionamiento de esta ley, hasta la actualidad existen grandes cantidades de tierra que permanece en posesión de ocupantes no indígenas, son terratenientes conocidos en Costa Rica como finqueros. La ley de 1977 estipula que quienes hayan adquirido los terrenos indígenas antes de 1977 deberán recibir una indemnización del gobierno y desocupar las tierras. Sin embargo, muchos ocupantes aún se resisten a abandonar y los procesos judiciales demoran en muchos casos hasta 10 años hasta que la justicia resuelve desalojar. La realidad es que la mayoría de los ocupas tengan o no derecho a recibir una indemnización, se niegan a entregar las tierras a las comunidades indígenas, quienes no dispuestos a esperar procesos judiciales agobiantes, deciden involucrarse en las dinámicas de desalojo amparados en la ley Nacional de 1977. Naturalmente, aquí estalla el conflicto mayor que desencadena muchas veces en enfrentamientos violentos entre finqueros ocupas ilegales y los dueños legítimos de las tierras.
El rol protagónico de las mujeres indígenas en la recuperación de tierras para su comunidad
En el 2010 un grupo de personas lideradas por mujeres indígenas del territorio de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas al sur de Costa Rica, optan por la vía de las recuperaciones de hecho, que se refiere a las recuperaciones de territorios sin utilizar las vías institucionales, ante la negativa de la Asamblea Legislativa de votar el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Posteriormente, otros territorios siguen el ejemplo de Salitre.
Esta situación ha provocado tensiones y múltiples hechos de violencia: agresiones físicas y verbales, incendio de “ranchos” construidos por las personas recuperadoras, amenazas de muerte constantes, lo que ha hecho que el conflicto escale a nivel internacional, siendo que en el año 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impusiera medidas de protección a favor de las personas habitantes de estos territorios, a través de la medida cautelar MC 321/12, llegando hasta asesinatos de dos líderes indígenas durante el 2019 y 2020. (Más informaciones en la Agenda de Mujeres Indígenas en Defensa de los territorios del Sur. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA-United Nations Population Fund))
Pese a estas medidas, el terror ejercido desde el poder emergente de la convivencia entre finqueros y gobierno, ha ido escalando. Una modalidad cruel involucra a menores indígenas niños y niñas quienes son secuestrados de sus padres mediante la intervención del PANI, Patronato Nacional de la Infancia (institución gubernamental) y entregados a familias no indígenas, alegando alcoholismo y violencia doméstica, colocándolos en familias de acogida sin ninguna previsión ni estrategia de respeto de su cultura. En el Informe del Mundo Indígena 2019 (IWGIA), se citan estas denuncias y se describe cómo los menores eran asignados a hogares no indígenas, donde recibían burlas por no hablar castellano, por su color de piel, por sus distintas costumbres, etc.
En el siguiente podcast de Radio Matraca presentamos el caso paradigmático de Sergio Rojas Ortíz un líder comunitario indígena perteneciente al pueblo Briri quien recibió 6 disparos de bala y hasta el día de hoy la justicia no ha resuelto el caso. Aquí encuentras una versión alemana de este artículo. Haga click en el enlace para escuchar el programa y descubrir más sobre este conflicto.
El mismo podcast traducido al alemán se encuentra aquí.
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