“Dos de ellos me tomaron por la cintura y me bajaron los pantalones y la ropa interior. Luego otro utilizó su luma para introducirla en mi ano”[1].
“Escuché que estos individuos se reían. Luego, un hombre comenzó a darme pequeños golpes con su pene sobre mi cuerpo, me preguntó de qué porte me gustaba; otro hombre escribía cosas sobre mi cuerpo con un lápiz de pasta”[2].
¿Podría alguien del público decir qué testimonio corresponde a la dictadura o a los vejámenes sufridos en estos últimos 3 meses? Probablemente no.
Esta es una de las razones por la que es urgente que podamos conversar sobre los DDHH “de antes y ahora”. Es urgente que hablemos aquí, en el extranjero, en Alemania, el país que, después del Holocausto, ha hecho de este tema su “producto intangible de exportación”. Es urgente que hablemos de las violaciones a los DDHH y las deudas del Estado chileno en el compromiso de resguardo, respeto, promoción y educación en esta materia.
Primero quisiera referirme a la Dictadura chilena como la antesala que puede explicar la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, que encendió la llama de este estallido social.
Luego quisiera referirme a la situación de los DDHH relativa al pueblo Mapuche, uno de los temas que no sólo arrastramos como una de las mayores deudas y conflictos post dictadura, sino que hace parte de toda la historia de colonización de más de 500 años. Aquí, en Berlín hay compañeras Mapuche que, seguramente, pueden profundizar mejor que yo en esta materia.
En tercer término, quisiera tocar el tema de los DDHH desde una perspectiva “ampliada”. En Chile este concepto tiene una estrecha vinculación con la historia de la dictadura y para muchos, especialmente para la derecha, el respeto de los DDHH y preocuparse por estas materias es un asunto de “comunistas”. De ahí los debates que ha habido ante la instalación de la escasa institucionalidad en esta materia: Instituto Nacional de DDHH (INDH), Museo de la Memoria y los DDHH, Subsecretaría de DDHH, sólo por mencionar algunas.
Por último, referirme a la situación actual de violaciones a los DDHH cometidas desde el 18 de octubre de 2019 y a las principales demandas del movimiento social en Chile.
- Chile vivió una dictadura cívico militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Durante esos años la violación de DDHH fue sistemática, generalizada e institucionalizada, utilizándose todo el aparato y burocracia estatal para la comisión de crímenes y su encubrimiento.
De acuerdo con las cifras oficiales disponibles en los Infomes Rettig (1991) y Valech (2004 y 2011) la cifra de víctimas sería la siguiente:
3227 (2.125 personas asesinadas y 1.102 desaparecidas)
38254 sobrevivientes de la prisión política y tortura (28.459 calificados en la Comisión Valech I y 9.795 en Valech II)
En todo el país hubo 1.132 recintos de detención y tortura.
Cifras no oficiales señalan que unas 200.000 personas habrían salido al exilio, entre las cuales hubo unas 7.000 que fueron exiliadas en Alemania (3.000 en la RDA y 4.000 en la RFA)[3]
Estas son solo algunas cifras, que en ningún caso reflejan la extensión y sistematicidad de las violaciones a los DDHH ocurridas en casi 17 años de dictadura. Quizás lo más fuerte de todo es que a más de 45 años del golpe de Estado de 1973 y a más de 30 del llamado “retorno a la democracia” siguen existiendo autoridades y personas públicas de la derecha chilena que relativizan los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo dictadura. Es por ello, que una de las demandas que ha surgido con fuerza en el último tiempo es penalizar el negacionismo, ¿pero será suficiente con la penalización del negacionismo? El alza de la extrema derecha en Alemania pareciera decirnos que no. Un largo tema para debatir y reflexionar.
- La justicia, sabemos que operó negligentemente o como encubridora de estos crímenes. No actuó en favor de las víctimas[4].
La escena histórica que grafica esto no necesariamente es en dictadura, sino el intento de que el dictador Augusto Pinochet pagara por sus crímenes cuando fue detenido en la London Clinic en 1998 por orden del Juez español Baltazar Garzón, terminó con una serie de negociaciones de los distintos sectores políticos para llevar de vuelta a Chile al dictador por razones de “salud”. Sin embargo, Pinochet se burló de todo el mundo al aterrizar en Chile, se levantó de su silla de ruedas y saludó, mostrándose de muy buena salud. Murió en diciembre de 2006 sin pasar un día en prisión y con una larga fila de adherentes esperando despedirlo en su velorio en la Escuela Militar.
Otro capítulo diametralmente opuesto en relación a la justicia lo escribieron (y escriben) los familiares de detenidos desaparecidos y, organizaciones, profesionales y activistas en Chile y el mundo, quienes, durante la dictadura, pusieron en riesgo su vida para denunciar los crímenes, de hecho algunos fueron asesinados, como el caso del profesional de la Vicaría de la Solidaridad José Manuel Parada o el Sacerdote André Jarlán.
A la fecha de hoy solo un 10% de los desaparecidos han podido ser identificados y sus familias cerrar el eterno duelo. Aquí Alemania tiene una deuda pendiente también, pues la Colonia Dignidad -el enclave alemán instalado en 1961 en el sur de Chile- jugó un rol clave en la cooperación con la represión y el encubrimiento de los crímenes durante la dictadura[5].
Con la política post dictadura se ha hecho verdad, justicia, reparación y memoria “en la medida de lo posible”, tal como lo dijera el presidente demócrata cristiano Patricio Aylwin. Así tenemos todavía como país una tremenda deuda con muchas familias que han visto partir a madres, hermanas, compañeras y abuelas sin conocer el destino de sus familiares desaparecidos.
-
En cuanto a la solidaridad internacional, solo mencionar cómo en el mundo entero se hicieron campañas para solidarizar con las víctimas en Chile, estas campañas iban desde la compra de las artesanías que hacían lxs presxs políticxs o sus familiares y se vendían en el extranjero hasta numerosas acciones con empanadas, folklore y vino tinto para reunir fondos para apoyar Chile (como la acción de hoy día). De estas experiencias hay muchas que están en la memoria colectiva de quienes hoy están presentes. Quiero destacar dos acciones de solidaridad internacional a mí entender “creativas”, como el boicot de las trabajadoras sexuales de San Francisco que en 1974 se rehusaron a prestar sus servicios sexuales a los marinos del Buque Esmeralda. O la historia detrás del reciente documental “Nae pasarán”, que cuenta la solidaridad de los obreros escoceses que se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunters chilenos en protesta contra el golpe militar de 1973. Estas y tantas otras expresiones de solidaridad internacional que todavía desconocemos de ese tiempo fueron muy valiosas para mantener la moral de las víctimas y apoyar en las diversas acciones de resistencia a la dictadura.
- En cuanto a la impunidad, tenemos el caso emblemático del dictador que no pasó un día en prisión, es más, algunos todavía lo veneran, así como a otros golpistas y civiles activos colaboradores de la dictadura, Jaime Guzmán, es el máximo ejemplo de ello con una avenida afuera de la Pontificia Universidad Católica que lleva su nombre y con un grandioso monumento en Santiago. Así entonces tenemos una impunidad “jurídica-penal” y otra impunidad “social”. Parte de esta revuelta desde el 18 de octubre se ha hecho cargo de destruir símbolos de esa impunidad social, por ejemplo, la decapitación de la estatua de Pedro de Valdivia (conquistador español) o la destrucción de la “plaza presidente Pinochet” en Linares. La impunidad penal se ha visto reflejada en las penas, en las fugas de condenados[6]. Pero también tenemos a criminales cumpliendo su pena en prisiones de “lujo” y que continúan recibiendo sus pensiones como militares en retiro, que por cierto son varias veces más altas que la pensión de unx jubiladx cualquiera en Chile. Para denunciar públicamente esta sociedad de la impunidad, es que hace más o menos 20 años existe una “comisión FUNA” que denuncia públicamente a lxs criminales que viven y trabajan impunemente, a través de manifestaciones en su barrio o en sus trabajos. “¡Aquí vive un violador de DDHH!”, es una de sus consignas.
- Así, en estos 30 años de postdictadura, tenemos algunos avances “en la medida de lo posible”, pero claramente no tenemos una política en materia de verdad, justicia, memoria y reparación, sino desde mi perspectiva contamos solamente con “iniciativas”, las cuales se amplían o restringen dependiendo del signo político del gobierno de turno y de la “sensibilidad” que la autoridad a cargo tenga con el tema.
- Vulneración de DDHH. En este punto seré breve, porque debo asumir que hay quienes que seguramente conocen mucho mejor la situación específica del pueblo Mapuche.
Chile viola los DDHH del pueblo Mapuche, así lo han reconocido instancias como el Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas y Human Rights Watch, por ejemplo.
Cito un extracto de un informe presentado ante Naciones Unidas que sintetiza parte de este problema:
“El territorio Mapuche hoy está en su mayor proporción en manos de un sistema de producción forestal de carácter extractivista, avalada y subsidiada por el Estado chileno, que somete y viola los derechos del pueblo Mapuche en tres aspectos sustantivos:
- reproducción de las desigualdades estructurales
- desconocimiento y desarticulación de derechos civiles y políticos
- formas de opresión sobre base étnico-nacional
La lucha del pueblo Mapuche ha tenido como respuesta de parte del Estado chileno una estrategia de criminalización. En el caso de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización autonomista Mapuche (…), ha sido desde hace dos décadas perseguida por la industria forestal y criminalizada por el Estado chileno.
En esta estrategia de criminalización, instituciones de seguridad del Estado chileno aplican prácticas de la Dictadura Militar como la doctrina de la seguridad interior del Estado. Y el pueblo Mapuche ha pasado a ser el enemigo interno al cual se deben aplicar estrategias de seguridad de baja intensidad.
- La estrategia se complementa con la aplicación de la Ley Antiterrorista para encarcelar a líderes Mapuche6, legislación que ha sido objetada por organismos de Naciones Unidas7 y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Así también, el Estado de Chile amparado en la Ley de Inteligencia ha realizado operaciones de inteligencia a través de la actuación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y en colaboración con agentes del Estado; la Operación Paciencia (2002 y 2004) y Operación Huracán (2017) son hechos irrefutables de como se han vulnerado derechos civiles propios de un Estado de Derecho.
- El 23 de septiembre del 2017 se realizó un procedimiento judicial y policial bajo la invocación de la Ley de Inteligencia y de la Ley Antiterrorista contra 8 dirigentes Mapuche. La operación estuvo destinada a implantar pruebas falsas8, una información que se logró determinar tras peritajes realizados por la propia fiscalía y organismos externos. En la actualidad el Ministerio Público, órgano judicial persecutor del poder judicial chileno, anunció el cierre de la Operación Huracán sin acusados, y paralelamente inició una investigación por un supuesto montaje de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros de Chile, específicamente de la unidad de inteligencia”[7].
Lxs Mapuche siguen siendo lxs más pobres entre lxs pobres, así lo demostró el informe sobre Desigualdad del PNUD en 2018[8] y si bien Chile ha implementado programas sociales de superación de la pobreza, éstas son solo medidas “parche”.
La violencia contra el pueblo Mapuche es una violencia ancestral. En los últimos 30 años ha habido toda una generación que ha defendido no sólo su derecho a la autonomía y al territorio, sino que también su derecho a ser respetadxs socialmente, ante una histórica discriminación y negación de la identidad. Así también lxs mismxs Mapuche están escribiendo su propia historia, la Comunidad de Historia Mapuche, es un ejemplo de ello[9].
- La lucha ancestral del pueblo Mapuche por el derecho a la autonomía y la autodeterminación. La recuperación y defensa de los territorios ancestrales.
- Entre las distintas expresiones de solidaridad con la lucha Mapuche están las acciones de solidaridad con lxs presxs políticxs y apoyo a las comunidades. Charlas con activistas y apoyo en las huelgas de hambre y campañas internacionales, acciones de protesta frente a embajadas y otros lugares estratégicos cuando hay visitas de Estado y acompañamiento en acciones ante organismos internacionales, entre otras.
Las compañeras Llanquiray o Tamara del grupo de solidaridad con el pueblo Mapuche en Berlín pueden hablar con mucha más propiedad sobre estas acciones de solidaridad internacional.
Ahora bien, la pregunta que me ha movido desde el 18 de octubre es si en el territorio mapuche (Wallmapu) existen violaciones a los DDHH y militarización del territorio, niños, niñas, adolescentes heridos, madres obligadas a parir esposadas de manos y pies, luchadores y luchadoras por la tierra encarcelados*as, informes tanto en Chile como en el extranjero que señalan estas violaciones y entregan recomendaciones al Estado Chileno que no se cumplen ¿por qué ahora solamente se despierta con más fuerza el movimiento de solidaridad? ¿Acaso no ha habido asesinados, montajes, allanamientos, heridos con perdigones, en resumen, violaciones a los DDHH hace décadas en el Wallmapu contra el pueblo Mapuche? Este fue uno de los reclamos que se escuchó con fuerza cuando hace exactamente 10 años la hermana de Matías Catrileo increpara a Michel Bachelet mientras se inauguraba el Museo de la Memoria y los DDHH en Santiago de Chile.
Es precisamente esta perspectiva ampliada de los DDHH la que ha despertado las conciencias y el reclamo de millones por una vida digna.
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Agua: Precisamente en el mes de septiembre del año pasado, Rodrigo Mundaca recibió el premio de DDHH de la ciudad de Núremberg, Rodrigo y los y las compañeras de Petorca han levantado una exigencia que parece increíble: el derecho al agua.
¿Se imaginan cagar todos los días en una bolsa plástica? ¿O no poder ducharse cada mañana y tener que limpiarse con un paño o “lavarse por presas”? ¿O no poder lavar los platos al abrir la llave de agua en su cocina? Esta es la situación de habitantes de la región de Petorca, que el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) [10] han levantado internacionalmente. Que ha desafiado al poder de los empresarios que explotan el agua que viene de los ríos, un recurso que debiera pertenecer a todos y todas, y permitir darse una ducha, hoy es utilizada para regar las grandes plantaciones de paltas. La palta que nos comemos y compramos en las cadenas de supermercados aquí en Berlín, le está robando el agua a los habitantes de Petorca, así que fíjese en el origen de las paltas cuando compre.[11]
- El derecho a la Educación es un derecho que ha sido transformado en bien de consumo. Esta situación ha sido motor de la lucha de estudiantes durante la última década y que ha puesto a Chile entre los Top ten de la desigualdad, en el puesto Nº7[12].
Así el llamado “oasis de América Latina” es una imagen que resulta cada vez más artificial que la idea misma de oasis.
- Hay un concepto sobre el que he leído últimamente que se llama necropolítica[13], que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir en un sistema neoliberal. Es una teoría de lxs muertxs vivientes, que aplica a la perfección a la privatización de la salud en Chile, entre otros derechos convertidos en bienes privados.
Un buen argumento para defender que en Chile no existe clase media, sólo existen ricos y pobres. Lxs pobres tenemos la ilusión de ser clase media, debido a nuestra capacidad y fuerza productiva (y, por ende, capacidad de ser sujetos de consumo y endeudamiento), pero si nos enfermamos, pasamos de inmediato a la línea de la pobreza, ya no podemos producir. En cambio, un rico es quien tiene los medios de producción y podrá resistir los embates de una enfermedad o de no contar con su fuerza productiva, sin perder el techo, la comida y la posibilidad de educar a sus hijxs. Creo que prácticamente todas las personas de la llamada “clase media”, podríamos hablar del caso de un pariente, amigx o conocidx que espera hace meses para ser atendido en el sistema público, alguien que producto de una enfermedad grave o crónica ha pasado a la sobrevida, más que a la vida.
La vulneración del derecho a la salud nos lleva a entender la consigna “no era depresión, era capitalismo”, que explica por qué Chile tiene una de las tasas más altas de enfermedades mentales y de consumo de psicofármacos. En Chile un 5% de la población tiene diagnóstico de depresión, según cifras de la OMS en 2017[14].
- Vivienda, si logra obtener una vivienda social siente que ha logrado el llamado sueño de la casa propia que alberga cada chileno, pero muchas de estas viviendas sociales han convertido barrios marginales de las ciudades en “gettos”. Allí no existe la posibilidad de una vida digna para una familia que no puede endeudarse por 40 años en un crédito. Hacinamiento, violencia física contra niñxs y mujeres, violencia sexual, tráfico y consumo de drogas, pandillas, violencia urbana es el paisaje de esta “solución habitacional”. Sectores de las ciudades que no tienen una plaza, una sede social, un consultorio o una escuela. Muchas familias que recibieron su vivienda social decidieron volver a las tomas, al darse cuenta de que en los “campamentos” podían tener mejores condiciones que en sus viviendas sociales. Así no sólo se reclama el derecho a la vivienda, sino también a una vivienda digna.
- Y ¡qué decir de los derechos sexuales y reproductivos! En un país donde el estado se supone laico, pero sigue gobernando e imponiendo los valores de una iglesia que cada vez está más cuestionada por escándalos de abuso y corrupción. Pero aún así, sólo el año pasado (2019) se legisló sobre el aborto en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación. Pero aún no existe el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. Es por eso que se espera que el movimiento feminista siga siendo tan fuerte. Garantizar el derecho a la vida de las mujeres, a una vida digna, libre de violencia es un deber de un estado democrático, garantizar su derecho a participar públicamente en igualdad de condiciones, a no ser castigada en el pago de las primas de seguros médicos o al ser elegidas para un puesto de trabajo. Aquí podríamos discutir largamente respecto de las múltiples discriminaciones que vivimos las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres.
Pero no quiero dejar de mencionar el derecho de niños niñas y adolescentes. Chile en 1989 suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en todos los años de post dictadura han muerto más niños en manos del Servicio Nacional de Menores (SENAME), la institución del Estado que debiera custodiar su integridad y velar por el cumplimiento de sus derechos, que en toda la dictadura: 1.313 niños, niñas y adolescentes han muerto a manos del Estado en el SENAME en los últimos doce años[15].
De los diez principios de la Convención Internacional de los Derechos del niño, citaré solo dos:
“Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
Principio 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”[16].
Entonces nos queda preguntarnos ¿Cómo ha resguardado el Estado chileno estos derechos de niños, niñas y adolescentes?
Y los presos y presas (o personas privadas de libertad), que parecieran ser olvidados por la sociedad y más aún por el cumplimiento de los DDHH. Que alguien esté cumpliendo condena no significa la suspensión de su condición humana y el respeto de sus derechos fundamentales. Quizás el caso más escandaloso de los últimos años ha sido la muerte de los 81 de la cárcel de San Miguel[17], donde cumplían condenas por delitos de diversa connotación en condiciones de hacinamiento, falta de agua y extrema violencia. Un ejemplo de estas vulneraciones a los DDHH lo grafica el informe de 2016-2017 del INDH: “el 51,3% de los hombres privados de libertad no cuenta con un espacio propio para dormir; mientras que en el caso de las mujeres la cifra llega a 35,7%.[18]
1. DDHH: La situación a partir del llamado estallido social del 18 de octubre tiene toda esta antesala. De esta manera no es extraño que bajo el Gobierno actual de Sebastián Piñera se estén violando los DDHH. Pues como hemos visto hemos tenido un estado criminal durante la dictadura y un estado cómplice y negligente en la postdictadura. En algunos momentos y casos el estado ha sido activo en violar los DDHH como durante la dictadura o durante las últimas décadas en el territorio mapuche y, en otros ha sido negligente resguardo, protección y promoción.
En cuanto a las cifras actuales de vulneración de DDHH tenemos [19]
- 27 fallecidos
- 3583 personas lesionadas
- 1615 lesionadas por perdigones
- 359 con daño ocular (2 pérdida total de la visión)
- 230 con impacto de lacrimógenas
Gráfico Informe Grupo Jurídico DDHH 18.10, Chile Despertó Internacional, enero 2020
-
“No son 30 pesos, son 30 años”. Todo comenzó por el alza del transporte en 30 pesos (4 centavos de euro). Sin embargo, las demandas del movimiento social son diversas y en eso también hay discusión, pero básicamente se reúnen en “dignidad para vivir”. Por las vulneraciones que he mostrado brevemente y que son estructurales al modelo neoliberal impuesto en Chile bajo dictadura, amparadas en la Constitución Política, que fue escrita bajo la dictadura de Pinochet y que rige hasta el día de hoy.
Este estallido social también ha dejado de manifiesto la no garantía de los siguientes derechos humanos:
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación.
- Toda persona tiene derecho a participar, directa o indirectamente, en el gobierno de su país.
Así desde el 18 de octubre se está reprimiendo, criminalizando, deteniendo y encarcelando a quienes se manifiestan por las injusticias de la vida en el laboratorio del Neoliberalismo en Chile.
De esta manera la principal demanda hoy día tiene que ver con una nueva Constitución que no sea escrita entre cuatro paredes, ni con lógicas representativas que se acordaron en el llamado “Acuerdo por la Paz” firmado en noviembre. Muchas reconocemos este acuerdo como ilegítimo, pues tras su firma y la idea de la “paz” se siguen violando los derechos de los manifestantes y ha vidas humanas que han sido arrebatadas por las acciones represivas de las policías.
- Como hemos visto en el pasado reciente, son múltiples las expresiones de solidaridad internacional posible, algunas ideas que siguen cobrando sentido con sabor a empanada y vino tinto, tal como Allende pensara la vía chilena al socialismo.
Dejo abierto entonces el debate. Muchas gracias por la traducción y por la invitación a las compañeras y compañeros de Comisión Acciones de Cabildo Berlín.
Aqué encuentras una versión alemana del texto.
[1] Relato Josué Maureira, joven estudiante de medicina de la PUC, 2019.
[2] Testimonio mujer sobreviviente de la tortura durante la dictadura cívico militar.
[3] http://expedition-heimat.dw.com/templates/es/chi/detailPage_inGermany.php
[4] Más de 5000 recursos de amparo fueron rechazados es por ello que a 40 años del Golpe, en 2013 la Corte Suprema admite sus errores durante la dictadura: https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/corte-suprema-de-chile-admite-errores-durante-dictadura/ZZQB6SW64JEGDNVPRVTYTDZRQY/story/
[5] https://rosalux.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Standpunkt_15-2016-Colonia-Dignidad.pdf
[6] Como el caso del recientemente entregado a la justicia Ricardo Lawrence, quien fue condenado (entre otros crímenes de lesa humanidad) por la desaparición de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y abuelo de uno de los jóvenes actual dirigente de los estudiantes secundarios Víctor Chanfreau, quien en los últimos días ha estado en el foco de la polémica.
[7] Documentos disponible en inglés, francés y español en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/266/45/PDF/G1826645.pdf?OpenElement
[8] https://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/pobreza/undp_cl_pobreza-sintesis-DESIGUALES-final.pdf
[9] https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/areas-de-trabajo/
[11] Weltspiegel-Reportage: Avocado – Umweltkiller Superfood
[12] Según datos del Banco Mundial en 2018: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/242251476706821424/pdf/109215-REVISED-PUB-PUBLIC.pdf .
[13] Mbembe, A. (2019). Necropolitics. Durham: Duke University Press.
[14] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf?sequence=1
[15] https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/informe-emilfork4.pdf
[16] https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
[17] Tamayo Grez, T. (2016) Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar. Santiago: Ediciones B.
[18] https://www.elmostrador.cl/media/2019/04/estudio-general-2016-2017.pdf
[19] Informe Grupo Jurídico DDHH 18.10, Chile Despertó Internacional, enero 2020.
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Chile y la situación de los DDHH: entre el pasado y el presente. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.
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