Criminalización de la cultura y la resistencia social: Artistas Pedro Mo y Brenda Jah detenidxs

Pedro Mo, artista y activista. Fuente: Pedro Mo
Pedro Mo, artista y activista. Fuente: Pedro Mo

Cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación antiterrorista en Perú, entre ellas los artistas Pedro Mo y Brenda Jah. El caso ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados en la investigación y la criminalización de la cultura popular y las formas de organización social.

Según una investigación periodística del medio El Foco, las acusaciones sobre una presunta vinculación de los detenidos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se sustentarían, entre otros elementos, en el testimonio de un agente especial identificado como Carlos Campos, un documento PDF de origen anónimo y reportes de vigilancia en redes sociales.

Sin embargo, la investigación periodística advierte sobre una serie de interrogantes en torno a las pruebas presentadas. Entre los elementos señalados en el expediente figurarían expresiones como «poder popular» y «autodefensa», incluidas en los estatutos del colectivo al que pertenecerían los investigados, así como cartas enviadas a instituciones educativas para proponer actividades culturales.

De acuerdo con El Foco, estos documentos no constituirían por sí mismos elementos que acrediten la comisión de un delito. Asimismo, no se habría presentado un peritaje que confirme la identificación de los artistas en los presuntos videos de entrenamiento armado mencionados en la investigación.

El caso vuelve a poner en discusión el uso del denominado «terruqueo» en el Perú, una práctica de estigmatización que consiste en asociar a personas, organizaciones o movimientos sociales con el terrorismo, especialmente en contextos de protesta, cuestionamiento político y reivindicación de derechos.

Desde distintos sectores se ha advertido sobre los riesgos de utilizar estas acusaciones para deslegitimar expresiones de organización popular, manifestaciones culturales y actividades artísticas, sin que existan pruebas concluyentes que las respalden.

La detención de las personas investigadas plantea así interrogantes sobre los límites de las investigaciones antiterroristas, el respeto al debido proceso y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y organización.

La cultura no es terrorismo. Organizarse no es terrorismo. Cuestionar al poder tampoco lo es. Mientras continúan las investigaciones, colectivos y voces críticas reclaman transparencia sobre las pruebas del caso y exigen garantías para las personas detenidas. Basta de terruqueo en el Perú. Libertad para las personas detenidas.

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